La puesta en vigencia de la denominada Ley de Inocencia Fiscal en Argentina genera expectativas en el mercado inmobiliario.
La pregunta es si la medida del gobierno hará que los dólares que los ahorristas mantienen fuera del sistema formal se destinen a la compra y venta de propiedades.
Si bien la iniciativa introduce cambios relevantes en materia tributaria y penal, el consenso entre especialistas es que el impacto sobre el ladrillo será limitado mientras no exista un blanqueo con seguridad jurídica plena.
El proyecto impulsado por el Gobierno redefine el vínculo entre el Estado y los contribuyentes al elevar los umbrales de punibilidad del régimen penal tributario, reducir plazos de prescripción y crear un régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.
La idea es restablecer la confianza.Sin embargo, el texto aprobado no habilita de manera directa la utilización de fondos no declarados para la compra de inmuebles sin riesgos fiscales. En consecuencia, el escenario legal de fondo no se modifica sustancialmente para quienes evalúan ingresar esos ahorros al circuito formal a través del mercado inmobiliario. En resumen, se espera cierta dinámica con la medida, pero lejos del impacto positivo que tendría un nuevo blanqueo de capitales.
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