En Argentina, tras años de peleas contra la mafia sindical y el bloqueo a empresas, se están alineando definiciones por parte de los tres poderes del Estado que invitan a proyectar un cambio en los modos de resolución conflictos gremiales.
“Las disputas deben resolverse en las instituciones que corresponden. Desde mucho antes a que fuera elegida como diputada nacional vengo insistiendo con que el bloqueo sindical es un delito, señaló la diputada nacional por la provincia de Santa Fe, Verónica Razzini (PRO).
Los bloqueos se han vuelto un elemento de extorsión para conseguir determinadas cuestiones impulsadas por grandes sindicatos, pero en perjuicio tanto de los trabajadores como de los empresarios, que no pueden acceder a sus lugares de trabajo.
Las estadísticas presentadas por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), fundado por Razzini, son contundentes. Estos modos de protestas contra las empresas cayeron notablemente desde 2021 a fecha. Ese año se alcanzó el récord de 75 en todo el país, que derivaron en el cierre de 6 pymes que no podían trabajar por el hostigamiento de los gremialistas. En 2023 los bloqueos se redujeron a 12 y en todo el año pasado sólo se produjeron 8.
A la existencia del MEAB, se sumaron cambios en materia legislativa sobre el tema y medidas oficiales como el protocolo antibloqueos del Ministerio de Seguridad. Un esquema que fue tomado del protocolo inicial del MEAB y llevado adelante por la ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich. Por esto es que aumentó la cantidad de empresas que se animaron a presentar una denuncia penal contra los responsables de los bloqueos.
Jueces y fiscales en todo el país actuaron con rapidez, evitando que los sindicatos no concretaran los intentos de bloqueo. Además, luego de la asunción presidencial de Javier Milei, la lucha contra los bloqueos tuvo respaldo oficial.
Como resultado de la estrategia judicial promovida por el movimiento liderado por Razzini, en agosto de 2023 ya había 10 dirigentes sindicales detenidos, 51 imputados y al menos 20 próximos a enfrentar juicio por protestas extorsivas.
Vale mencionar que de los 53 bloqueos registrados por el MEAB hace tres años, 19 fueron protagonizados por el Sindicato de Camioneros. Debido a la estrategia judicial desplegada por esta organización de pymes, en agosto de 2023 ya había 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veintena que iría a juicio en unas 30 protestas extorsivas.
La sucesión de fallos judiciales que equipararon a los bloqueos con un delito contribuyó de manera decisiva para que los sindicalistas terminaran replanteando su forma de protestar.
En 2025, Razzini seguirá trabajando en la Cámara de Diputados para imponer penas más graves hacia este tipo de protestas extorsivas.