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El concejal de JxC propone un papel más activo para el municipio en la lucha contra el crimen organizado. “No podemos combatir el delito maquillando una ordenanza vigente que resulta insuficiente”, dijo durante un encuentro con el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y la Subsecretaria de Legal y Técnica, Juliana Conti.
“La gran diferencia entre el proyecto para la creación de una agencia municipal de investigación contra el lavado de activos del bloque de Juntos por el Cambio y el presentado por el oficialismo es simple: el nuestro busca que Rosario tome, de una vez por todas, un rol activo y protagonista en la lucha contra el crimen organizado y deje de ser un actor pasivo, de reparto” señaló el concejal Martín Rosúa.
Con el fin de abordar el proyecto oficialista del Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones, este martes participaron del encuentro de la Comisión de Gobierno, el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y la Subsecretaria de Legal y Técnica, Juliana Conti, de la Municipalidad de Rosario.
Si bien reconoció que hay puntos de contacto y de posible compatibilidad, el concejal y referente de la UCR, se encargó de marcar las diferencias entre la iniciativa oficialista y el proyecto que presentó a finales de marzo en compañía de sus compañeros del Bloque de Juntos por el Cambio, los concejales, Alejandro Roselló, Daniela León, Anita Martínez y Charly Cardozo. “Nosotros venimos a plantear una nueva propuesta para encarar una situación que se está saliendo de control. Rosario no puede pretender hacerle frente a la escalada de violencia y crimen organizado maquillando la ordenanza vigente contra el lavado de activos, que ha fracasado o ha resultado insuficiente”, dijo.
“Entendemos que las modificaciones a la ordenanza, si bien válidas, no alcanzan para abordar la problemática en su total dimensión. La violencia en nuestra ciudad no encuentra límites, por lo que no podemos continuar utilizando una misma herramienta que no dio buenos resultados”.
“Durante la vigencia de esta ordenanza, no conocemos que se hayan detectado numerosas inversiones provenientes de fondos ilícitos, no conocemos denuncias penales realizadas por el municipio, y mucho menos procesos judiciales que hayan terminado en sentencia condenatoria” enumeró.
Rosúa explicó que el proyecto de JxC busca que la ciudad tome un rol más activo en las investigaciones contra el lavado de activos a través del entrecruzamiento de datos que posee el Municipio, en convenios con otros organismos provinciales y nacionales, con el fin de detectar incongruencias entre los patrimonios o los bienes de una persona, con la nula o inexistente actividad económica o comercial que lo justifique.
“Está en los diarios de todos los días, ahí está nuestra señal de alerta. Por un lado, el delito violento, y por otro, bienes de alto valor económico, mansiones, autos de alta gama, en manos de personas que no podrían nunca justificar ese patrimonio con la actividad económica declarada”. “Nos seguimos espantando ante la violencia, pero no prestamos atención al lavado de activos que es el entramado económico que sustenta y genera el crimen violento en nuestra ciudad”, agregó.
Ante el argumento del Palacio de los Leones sobre la invasión de competencia ante otros poderes del Estado por parte del proyecto de JxC, Rosúa aclaró que ante una “situación crítica”, el Municipio no puede quedar ajeno y que, consultada la situación con el DEM, aún no ha recibido respuestas claras ni contundentes.
“La justicia no puede seguir siempre corriendo detrás de los crímenes, que se nos suman todos los días. Por eso proponemos, adelantarnos, pegarles a las organizaciones criminales donde más le duele, en sus negocios. Nuestro proyecto es superador porque propone cruzar datos que posee el municipio, con los provenientes de entes provinciales y nacionales para detectar estas incongruencias y que esta agencia tenga la potestad de realizar denuncias penales ante el MPA o MPF según corresponda.
Además, Rosúa criticó que otros aspectos del proyecto oficialista, como la no creación de un área municipal con expertise específico y que el sistema de alerta sólo se accione ante nuevas inversiones. “Si sólo vamos a agregarle una tarea secundaria a un funcionario y no vamos a investigar sobre las inversiones que ya están en marcha o se han hecho en el pasado, entonces vamos a seguir teniendo un estado desorganizado, frente a un crimen muy bien organizado”.