Diputada Peralta: “Es urgente saber qué acciones está llevando el gobierno provincial para detener los incendios en los Humedales”

Para Mónica Peralta, resulta imprescindible traer a cuenta que la ley provincial N° 13.932 de Preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los humedales

En la sesión de ayer jueves en la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe quedó aprobado el proyecto presentado por la diputada Mónica Peralta (GEN-FPCS), donde solicita que el Ejecutivo provincial informe si se están llevando adelante acciones ante el gobierno de la provincia de Entre Ríos y el Gobierno Nacional, con el objetivo de controlar y apagar los nuevos focos de incendio en los humedales del PIECAS- DP.

Ante la advertencia del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario por los incendios que se sitúan en jurisdicción entrerriana frente a las ciudades de San Nicolás y Villa Constitución hace más de 14 días, que luego de una semana de lluvias se apagaron pero que intencionalmente se volvieron a prender en los mismos lugares, la diputada Peralta solicitó se informe qué acciones está llevando adelante el gobierno de Santa Fe dentro del Comité Interjurisdiccional de Emergencia Ambiental, ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y qué postura tienen respecto a las reiteradas e incesables quemas intencionales. Por último, solicitó que el gobierno provincial informe si se han radicado denuncias ante la autoridad judicial competente a fin de identificar y sancionar a los responsables de los incendios provocados y/o investigar la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según expresó la diputada Mónica Peralta, quien mantuvo distintas reuniones con el Observatorio Ambiental de la UNR: “Es importante recordar que por las quemas inescrupulosas que se sucedieron el año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó crear el Comité de Emergencia Ambiental, constituido por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y por el gobierno Nacional. Es menester saber qué acciones se están llevando adelante para detener los incendios intencionales, controlar el territorio del PIECAS-DP y bregar por la salud socioambiental, sabiendo que los gobiernos provinciales poseen poder de policía”.

A su vez, la diputada está en contacto hace meses con distintas organizaciones ambientales como la Multisectorial por los Humedales, que denuncian que: “Es vital tener en claro que si bien los incendios son generados por particulares, es la inacción y la complicidad del gobierno de Entre Ríos –y agregan, de Buenos Aires, de Santa Fe y el gobierno Nacional- lo que habilita el contexto para el devenir de las acciones individuales“.

Cabe destacar que, para Mónica Peralta, resulta imprescindible traer a cuenta que la ley provincial N° 13.932 de Preservación, conservación, defensa y mejoramiento de los humedales y sus elementos constitutivos sigue sin reglamentarse. En este contexto (a pesar de contar con la ley y luego de la crisis ambiental del año pasado), que la ley no esté reglamentada “implica no contar con una herramienta legal para frenar el avance indiscriminado sobre los ecosistemas de los humedales, traduciéndose en un atentado hacia la salud ecosistémica del país”.

Sin embargo, no es la primera acción que Peralta lleva adelante en la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, ya que el pasado julio presentó otro informesolicitando si se han realizado denuncias en la justicia penal federal  y provincial por parte del gobierno de Santa Fe contra la provincia de Entre Ríos, a raíz de los incendios intencionales que se intensificaron en amplias zonas del Delta del Paraná desde el inicio de 2020. En el mismo proyecto, pidió un detalle del tipo de denuncias realizadas frente a: incumplimientos de funcionario público, daño a la salud de la población y degradación del patrimonio natural.

Para la diputada, el más reciente acuerdo de Escazú, vigente en Argentina, es sólo una de las tantas normas de derecho internacional que se vulneran desde hace casi 20 meses en el Delta del Paraná: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establecen el derecho a la vida y el deber de Ios Estados de proteger, preservar y mejorar el ambiente. Son acuerdos internacionales con rango constitucional, que pueden fundamentar las denuncias realizadas durante todos estos meses ante el gobierno provincial actual.