El proyecto está basado en tres pilares: el marco otorgado por la Ley Provincial N° 13579 en cuanto al destino de los bienes decomisados al crimen, el gran aumento de precios de los útiles y elementos escolares que impacta en la economía de las familias, y el estado actual de las escuelas primarias rosarinas.
“Este es un proyecto que nace de una doble necesidad. Por un lado, buscamos incentivar la lucha contra el narcotráfico en la ciudad y, por el otro, ayudar a la comunidad educativa en su día a día”, planteó la concejala justicialista Julia Irigoitia, presidenta de la comisión de Gobierno del Concejo Municipal de Rosario.
“Con un poco de ingenio, el gobierno provincial puede destinar al sistema educativo los recursos y bienes incautados de delitos como el narcotráfico”.
Ante la consulta por cómo se realizaría esta asignación de fondos, Irigoitia contesta: “Necesitamos que un porcentaje de los fondos obtenidos en subastas de bienes decomisados al narcotráfico realizadas por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) se destine a las cooperadoras de escuelas primarias para la compra o provisión de elementos para mejorar sus condiciones edilicias y el cursado de sus alumnos”.
Para finalizar, la concejala reflexiona sobre el rol del Estado en distintos niveles para el combate contra el narcotráfico: “Hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo municipal, provincial y nacional. En estos momentos, hay que ser creativos y ejecutivos. Tenemos la responsabilidad de escuchar, ser estratégicos, tener inventiva y lograr mayor coordinación entre todas las áreas para buscar las soluciones que la gente espera”.